Balance del año. 2025: un año intenso para la USSE en Bruselas (y para los propietarios forestales del sur de Europa)

07 / 01 / 2026

2025 ha sido un año de trabajo político y técnico especialmente exigente para la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE), en un contexto en el que el debate forestal europeo sigue oscilando entre grandes ambiciones climáticas y de biodiversidad y la necesidad —a menudo olvidada— de sostener la gestión forestal activa y la viabilidad económica del territorio. Desde Portugal, Galicia, Navarra, País Vasco y Nueva Aquitania, la USSE ha seguido defendiendo una evidencia básica: sin propietarios forestales privados no hay gestión, y sin gestión no hay resiliencia frente a incendios, sequías, plagas ni abandono.

EUDR: más claridad en el calendario, pero con exigencia de practicabilidad

Uno de los expedientes más relevantes del año ha sido el Reglamento de productos libres de deforestación (EUDR). Tras meses de incertidumbre, 2025 se cierra con un acuerdo político, el 4 de diciembre, para una revisión “quirúrgica” orientada a simplificar su contenido y, sobre todo, a posponer su aplicación hasta el 30 de diciembre de 2026 para operadores en general, con un colchón adicional para micro y pequeñas empresas. En paralelo, el Parlamento respaldó el retraso, fijando también la referencia de 30 de diciembre de 2026 (para grandes y medianas empresas) y 30 de junio de 2027 (para micro empresas y pequeñas empresas).

Para la USSE, este debate ha sido una oportunidad para insistir en que la trazabilidad y la diligencia debida deben ir de la mano de sistemas operativos y costes asumibles para los eslabones más frágiles de la cadena, especialmente cuando hablamos de una propiedad forestal muy fragmentada y mayoritariamente privada en nuestras regiones.

Ley de vigilancia o monitorización forestal: un “frenazo” que obliga a replantear el enfoque

En octubre, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de “ley de monitorización forestal” en primera lectura, el 21 de octubre, tras una negativa previa en comisiones, argumentando riesgos de duplicidad y carga administrativa. El propio “legislative train” del Parlamento recoge además que la Comisión anunció en su programa de trabajo 2026 la intención de retirar la propuesta en los meses siguientes.

La USSE ha defendido durante todo el expediente que mejorar el conocimiento del estado de los bosques es positivo, pero que debe construirse con los sistemas existentes, con gobernanza clara y sin convertir la recopilación de datos en un fin en sí mismo, especialmente en territorios donde la gestión ya es compleja por orografía, riesgos climáticos y baja rentabilidad.

Marco de certificación de absorciones de carbono: de la norma al “cómo”

2025 también ha sido el año de aterrizaje del CRCF (marco voluntario de certificación de absorciones y carbono agrícola- forestal), con pasos concretos en normativa secundaria. La Comisión anunció el 1 de diciembre la adopción del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2358, primer bloque operativo para el reconocimiento y el funcionamiento de los esquemas de certificación, y encuadró el despliegue de actos delegados ligados a metodologías.

Para la USSE, el mensaje es claro: si Europa quiere movilizar inversión hacia la captura y el almacenamiento de carbono, los mecanismos deben reconocer las realidades del sur (riesgo de perturbaciones, costes de gestión, turnos largos, minifundio) y generar incentivos netos, no obligaciones que desplacen el peso de otros sectores sobre el monte.

Restauración de la naturaleza: comienza la fase de implementación

Con el Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE (2024/1991), ya en vigor desde el 18 de agosto de 2024, 2025 ha estado marcado por el paso a la implementación. La Comisión, por ejemplo, avanzó en herramientas y formato común para los planes nacionales de restauración, cuyo borrador debe presentarse en septiembre de 2026.

La USSE ha ido informando e insistiendo a sus asociaciones nacionales en que han de buscar la manera de involucrarse en la elaboración de los planes nacionales de restauración, puesto que su participación así se contempla en el propio reglamento, para garantizar que éstos se diseñen con criterios técnicos, financiación suficiente y un enfoque que refuerce —y no penalice— la gestión forestal sostenible activa.

Más y mejor interlocución política

Más allá de los textos legislativos, 2025 ha sido un año de refuerzo de los canales de comunicación: acercando a eurodiputados y a equipos técnicos la realidad de los bosques del sur (ecosistemas exigentes, alta propiedad privada, fragmentación y necesidad de inversión continuada). En un momento de polarización del debate ambiental, la USSE, en colaboración con otras organizaciones con las que colabora en Bruselas, ha centrado sus esfuerzos en situar  a los propietarios como parte indispensable de la solución europea: clima, biodiversidad, bioeconomía y territorio gestionado.

En suma, 2025 deja avances, pausas y reorientaciones. Pero también confirma algo esencial: cuando Bruselas legisla sobre bosques, la voz de quienes los gestionan a diario no es un “stakeholder más”; es la condición que posibilita que cualquier objetivo europeo pueda aterrizar en el terreno.

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